La reforma cambia al delegado, pero no elimina la responsabilidad sobre los datos

Las reformas aprobadas eliminan para las empresas privadas la exigencia general de contar con un Delegado de Protección de Datos Personales. Las instituciones públicas mantienen esta figura y pueden asignar la función al Oficial de Información.

El cambio ofrece flexibilidad organizativa, pero no elimina los deberes sobre la información. Cada empresa debe definir cómo recibirá las solicitudes, quién validará la identidad del titular, qué áreas participarán y cómo quedará documentada la respuesta.

Las instituciones financieras manejan datos de identidad, ingresos, obligaciones, movimientos, comportamiento de pago, beneficiarios, ubicación, imágenes y factores biométricos. Esa información suele estar distribuida entre diferentes aplicaciones, expedientes y proveedores.

Responder correctamente exige conocer dónde está cada dato, para qué se utiliza, con quién se comparte y durante cuánto tiempo debe conservarse.

Una entidad puede estar obligada a conservar registros por razones contractuales, prudenciales, tributarias, de prevención de lavado, atención de reclamos o defensa frente a controversias.

Por ello, cada solicitud requiere distinguir entre datos que pueden eliminarse, información que debe limitarse o bloquearse y registros cuya conservación mantiene fundamento legal. La decisión debe ser explicable y verificable.

La reforma es una oportunidad para pasar del nombramiento formal a un sistema de control que pueda operar de principio a fin.

Jurídico, Cumplimiento, Riesgos, Tecnología, Seguridad de la Información, Operaciones y Servicio al Cliente deben compartir un flujo común. La privacidad deja de ser un documento aislado y se convierte en una capacidad institucional.

Antes de adoptar decisiones, conviene verificar el texto definitivo del decreto, su publicación y entrada en vigencia, así como las normas sectoriales aplicables a cada entidad. Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal.